El presente estudio parte de la premisa de que resulta imposible entender la lógica de la penuria habitacional y de la participación estatal fuera de las estructuras económica, social y política que las determinan y caracterizan. Esta obra se inicia con el examen de la problemática general del desarrollo socioeconómico del país, en cuyo contexto se analizan las necesidades, la demanda y la oferta de vivienda.

La finalidad de esta obra, al adentrarse en varios de ellos sentidos que han surgido alrededor del tecnicismo connotación, es plantearse una serie de problemas sobre el significado de las lenguas naturales, que parecen determinantes para el desarrollo de la semántica lingüística.
 
 La primera parte presenta los orígenes de algunos de los usos que tiene actualmente el término connotación, y sobre todo trata de aclarar, a través de incursiones históricas, el enorme problema que implica para las teorías semánticas. En la segunda parte se intenta ver cómo se integran o influyen en la lingüística algunos puntos de vista de la filosofía y porqué los problemas que se agrupan bajo el rótulo de “connotación” han llegado a representar un universo tan heterogéneo en lingüística.

La castellanización de los grupos indígenas, los procesos seguidos para implantarla y los intereses sociales de acuerdo con los cuales éstos han ido variando, son los problemas abordados por la autora en esta obra. A partir del análisis de los materiales didácticos más representativos en la historia de este proceso de enseñanza (de la Conquista a la Independencia, de entonces a la Revolución y de ésta hasta finales de la década de los setenta) se pretende responder la pregunta «¿cómo ha sido enseñado el español a los hablantes de lenguas indígenas?».

Fundamentos legales para la Reforma Agraria habían quedado plasmados en la Constitución de 1917; sin embargo, no fue sina hasta el gobierno del general Cárdenas cuando se planteó seriamente la transformación de la estructura agraria del país, llevando a cabo el reparto de la tierra. La Reforma Agraria se llevó a cabo en 1936. En el lapso de un año se repartieron cerca de 500 mil hectáreas, que beneficiaron a unos 35 mil campesinos, y cada ejido quedó constitutido simultaneamente en una cooperativa de producción bajo la forma de «sociedad de crédito ejidal».